El Ministerio de Defensa dispuso el traslado del Archivo General de la Armada a una nueva sede, con el objetivo de «depurar» la información y proceder a la «trituración» de documentos. La medida encendió las alarmas en organismos de derechos humanos y en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que elevó un pedido de informes a la cartera de Luis Petri, exigiendo explicaciones sobre los criterios del operativo y garantías sobre la conservación de la documentación.
Preocupación por la destrucción de documentos clave
La decisión de trasladar los archivos y «depurar» la información generó un inmediato rechazo de parte de ATE y organizaciones de derechos humanos. «Cuarenta años después se proponen seguir destruyendo pruebas. Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces», denunció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En la nota, el gremio reclamó que se aclare si se dio intervención al Archivo General de la Nación, órgano rector en la conservación documental del país. «No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar», agregó Aguiar.
Un archivo de valor histórico en riesgo
El Archivo General de la Armada se encuentra en la calle Bolívar 1622 y, según datos oficiales, resguarda más de 5.800 metros lineales de documentación. Sin embargo, expertos en archivística sostienen que el volumen real es mucho mayor, llegando a los 8 kilómetros lineales.
Según reveló Página/12, la cúpula de la Marina firmó una resolución reservada para trasladar los archivos al Garage Central, en la zona de Retiro. La decisión generó suspicacias, ya que podría responder a intereses inmobiliarios del Gobierno de Javier Milei. Durante enero, comenzaron las tareas de «depuración», y se prevé que el traslado se concrete en febrero.
Desde la asociación Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) expresaron su alarma: «Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos».
Impacto en causas por delitos de lesa humanidad
Los archivos de la Armada contienen información clave para la investigación de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se estima que 5.000 personas fueron secuestradas y torturadas durante la última dictadura. Además, su alteración podría afectar causas en Bahía Blanca y Mar del Plata, donde la fuerza también estuvo involucrada en secuestros y desapariciones.
La Armada ya ha sido señalada en el pasado por la destrucción de documentación. Durante la dictadura, creó la Comisión Permanente de Estudio de Situaciones Especiales (Copese), dedicada a eliminar pruebas de la represión. Según testimonió el sobreviviente Víctor Basterra, los represores primero microfilmaban documentos y luego los incineraban. La existencia de Copese fue confirmada por los Equipos de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), desmantelados el año pasado por Petri.
Reclamos judiciales y la intervención de organismos de derechos humanos
El abogado querellante Pablo Llonto presentó una demanda en la megacausa ESMA solicitando una medida de «no innovar» sobre el archivo de la Armada. Pidió además la citación de Luis Petri y el jefe de la Marina, Carlos Allievi, para que brinden explicaciones.
«Está en peligro todo el archivo de la fuerza: legajos, documentos de inteligencia, reglamentos, fotografías, planos y organigramas del período 1976-1983 y posteriores. Esto generará un claro perjuicio en los derechos de las víctimas», advirtió Llonto.
Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, también manifestó su repudio: «Es una nueva maniobra garantista de la impunidad por parte de la Armada Argentina». Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anticiparon que realizarán una presentación judicial para evitar la destrucción de documentos.
Un Gobierno bajo la lupa
Desde su llegada al poder, la administración de Javier Milei ha tomado decisiones que afectan las políticas de derechos humanos. En marzo del año pasado, Petri disolvió los ERyA, lo que fue aplaudido por represores y cuestionado por más de 30 fiscales, quienes advirtieron que la medida obstaculizaría las investigaciones en curso.
Esta situación también generó tensión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde los organismos de derechos humanos denunciaron un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
En paralelo, el Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en la exESMA, también está en peligro. El fiscal Alejandro Alagia alertó recientemente que la documentación resguardada, incluida la de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), podría verse afectada.
El intento de «depuración» del archivo de la Armada genera una profunda preocupación. ¿Se trata de una simple mudanza o de un nuevo intento de borrar la memoria histórica? Mientras las respuestas oficiales siguen sin llegar, la justicia y los organismos de derechos humanos buscan frenar lo que podría ser un golpe letal a la verdad y la justicia en Argentina. (Grupo La Provincia)
