El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, trasladó entre gallos y medianoche a Alfredo Astiz y al resto de los represores que estaban presos en Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde podrán disfrutar de canchas de tenis, clases de teatro y talleres de stretching. Desde los organismos de derechos humanos denuncian que se trata de una maniobra para garantizarles condiciones de detención de privilegio, muy distintas a las que tienen los otros presos que están alojados en cárceles comunes.
A mediados de abril, el SPF informó a los tribunales que pretendía trasladar a 19 condenados de lesa humanidad desde Ezeiza a Campo de Mayo. El argumento que dio es que hay sobrepoblación en las cárceles federales y que necesitan las plazas que ellos ocupan para mujeres que están privadas de su libertad.
Astiz y compañía están alojados en el Complejo Penitenciario VII –anteriormente conocido como Unidad 31– de Ezeiza. Este complejo está dividido en dos grandes áreas: una para mujeres y otra para adultos mayores. Allí es donde Astiz y sus compinches recibieron el año pasado la visita de una comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA), que posaron sonrientes con quienes secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y siguien sin decir qué hicieron con sus víctimas.
El traslado incluye a nueve represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se “agraven” sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que los juzgó y condenó, respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.
Además de los marinos, la mudanza también implica a cuatro represores que actuaron en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos.
En los últimos días, el SPF también le avisó al TOF1 de la Ciudad de Buenos Aires que iba a mudar a Manuel Cordero Piacentini, militar uruguayo condenado por los crímenes del Plan Cóndor, la coordinación regional de las dictaduras del Cono Sur. El TOF1 expresó reparos, pero terminó cediendo porque las autoridades del SPF informaron que casualmente habían cortado la luz, el agua y el gas del pabellón para hacer supuestos arreglos.
En San Martín le informaron al TOF4 que iban a mandar a Campo de Mayo a Marcelo Cinto Courtaux, un oficial de inteligencia del Ejército condenado por los secuestros y desapariciones de los militantes montoneros que fueron parte de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux es uno de los funcionarios más cercanos a Victoria Villarruel. Es, de hecho, el director general de Relaciones Parlamentarias del Senado. Militantes de derechos humanos lo habían señalado como quien fue con Villarruel a la comisión de Juicio Político para provocar a la referente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas cuando compareció para pedir la remoción de los integrantes de la Corte Suprema.
El traslado de Cinto Courtaux a Campo de Mayo se conoció menos de 24 horas después de que la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, rechazó un pedido para irse a su casa. “Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad, que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”, había señalado en el fallo Slokar.
Distintas fuentes judiciales confirmaron a Página/12 que el traslado se hizo este viernes. Algunas expresaron su sorpresa por la rapidez con la que se hizo la movida.
No fueron únicamente los funcionarios judiciales los que sorprendieron por la velocidad del SPF. A los familiares y amigos de los genocidas les había llegado la información de que les avisarían cinco días antes del traslado, pero aparentemente la decisión de mudarlos se tomó de un día para otro y tuvieron que hacer una mudanza a las apuradas.
Una cárcel VIP
Según las estadísticas del SPF, en la Unidad 34 de Campo de Mayo había hasta este viernes 52 internos. Todos ellos son condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. El Ministerio de Seguridad había anunciado que enviaría a 19 más. La Unidad tiene capacidad para 115 personas.
En 2021, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entonces al mando de Horacio Pietragalla Corti, relevó las condiciones de detención en la Unidad 34. Vieron que los represores gozaban de comodidades que no tienen otros presos: desde canchas de tenis, pistas de caminata, celdas individuales con televisor hasta una heladera cada dos internos.
A fines del año pasado, Justicia y Concordia junto con otras organizaciones de “memoria completa” plantearon un hábeas corpus colectivo en favor de los represores presos. En esa oportunidad, el juez Adrián Grünberg le preguntó al SPF cómo estaba el detenido que estaba a su cargo y le respondieron con un largo listado de actividades. Desde cursos de teatro, filosofía hasta talleres de reeducación postural pasando por ciclos de cine debate.
H.I.J.O.S Capital advirtió que la maniobra de Bullrich estaba en marcha días atrás. “Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”, remarcaron. “La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, añadieron.
Para la mesa de organismos de derechos humanos, el traslado implica un beneficio indebido. “Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino –privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros- deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”, resaltaron.
La Unidad 34 de Campo de Mayo se había clausurado en 2013 después de la fuga de dos represores que fueron a atenderse al Hospital Militar. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el lugar se rehabilitó como espacio de detención para quienes cometieron crímenes durante la última dictadura.
En marzo del año pasado, Luis Petri, aliado de Bullrich, mandó a dos de sus funcionarios de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Cuando este diario difundió la existencia de la visita, el ministro adujo que habían ido a controlar las condiciones edilicias del lugar. Sin embargo, sus enviados volvieron al Ministerio con cartas y propuestas para favorecer la situación de los criminales de lesa humanidad.
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Astiz
