El Gobierno nacional analiza suspender unas 270.000 pensiones por discapacidad correspondientes a beneficiarios con domicilios desconocidos o no verificados, en el marco de la auditoría que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud.
Según fuentes oficiales, se enviaron más de 550.000 cartas documento para verificar la situación de los beneficiarios, pero solo se logró contactar a 280.000 personas. En más de 220.000 casos no se halló el domicilio declarado, y en otros 50.000 no fue posible entregar la notificación debido a rechazos, ausencias o plazos vencidos.
Frente a esta situación, el Ejecutivo estudia suspender temporalmente los pagos mientras se completa la auditoría. Además, aún restan por enviarse más de 110.000 citaciones. “Si no podemos corroborar que son personas discapacitadas, las vamos a dar de baja”, afirmaron desde el oficialismo.
El cruce de datos con la Dirección Nacional de Migraciones buscará confirmar si algunos pensionados residen fuera del país, una de las hipótesis que maneja el Gobierno. También adelantaron que si no hay reclamos tras la suspensión, considerarán que existía una irregularidad previa.
En paralelo, se informó que los beneficiarios deberán someterse a nuevos controles médicos, presentando un certificado oficial que detalle la secuela invalidante, historia clínica resumida y estudios complementarios. Estos requisitos comenzaron a exigirse desde el 1 de marzo.
La auditoría también contará con participación del PAMI, y en este marco el Gobierno derogó la resolución 187/2025, que establecía los lineamientos previos para las evaluaciones. En su reemplazo, se anticipó la redacción de una nueva normativa, que está siendo discutida con organizaciones especializadas del sector.
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, será el responsable de presentar el nuevo marco normativo en el corto plazo.
Por su parte, la oposición presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar el estado de emergencia en discapacidad, que contempla el pago de deudas a prestadores, la actualización mensual de aranceles del sistema y el financiamiento adecuado de las pensiones, siempre verificando el cumplimiento de las condiciones de acceso.
(Con información de TN)
