Casi como un mantra, los segundos semestres suelen ser más apremiantes para el mundo de la política económica. No solo por la tensión que generan las elecciones, sino también porque termina el período de mayor ingreso de dólares y la presión cambiaria empieza a tironear con fuerza.
Bajo esa premisa, el Gobierno aceleró algunos movimientos para alistar una de sus promesas de campaña e intentar saldar la escasez de divisas: la privatización de empresas del Estado.
Cuando Milei asumió la presidencia comenzó una suerte de “programa de limpieza y saneamiento” sobre las cuentas de las compañías públicas que incluyó ajustar gastos operativos y achicar la cantidad de trabajadores. Sin embargo, después de la aprobación de la Ley Bases, no se concretaron mayores avances.
A través de la Ley Bases, quedaron sujetas a privatización ocho empresas: Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas, SOFSE (Ferrocarriles), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
Más adelante, el Ejecutivo se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar en noviembre de este año una hoja de ruta sobre la privatización y concesión de las empresas incluidas en la Ley Bases. Así consta en el último reporte presentado ante el organismo, cuando se cerró el acuerdo por US$20.000 millones.
Ahora, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, tiene planificado que durante este semestre queden listos los pasos administrativos para concretar cinco privatizaciones. “Todas están en un grado de avance, pero estimamos que a fin de año vamos a poder iniciar los procesos de licitación”, calculó una fuente que sigue de cerca los detalles de las privatizaciones.
A grandes rasgos, la idea es que se llame a licitación a fines de este año. Puertas adentro del Gobierno aseguran que, una vez lanzadas las licitaciones, se requiere de un mínimo de 60 días hasta que la adjudicación. Por esta razón, la llave para manejar las empresas públicas se entregaría en 2026.
Intercargo
Intercargo es la empresa que se ocupa de los servicios de rampa en los aeropuertos del país, es decir, realiza la carga y descarga de equipaje. En el primer trimestre del año, esta firma mostró un superávit financiero de $5736,5 millones y contaba con 1542 empleados, según la oficina de Presupuesto.
En noviembre de 2024 el Gobierno publicó un decreto para abrir la competencia en esa operación y que Intercargo pierda fuerza dentro del mercado, lo cual la llevaría a un “cierre de hecho”.
Pero pocos meses después, en marzo de este año, se habilitó la privatización total de la empresa. Es decir, que se permitió vender el 100% de las acciones de la compañía a través de una licitación pública nacional e internacional. Está previsto que el llamado a esa licitación se realice cerca de fin de año.
Corredores Viales
La segunda empresa que se encuentra en el listado del Gobierno para avanzar hacia la privatización es Corredores Viales. Administra unos 6000 kilómetros de rutas nacionales, contaba hasta el primer trimestre del año con 3734 empleados y registró un superávit financiero de $5204,5 millones.
En febrero se autorizó el proceso para realizar -mediante contratos de concesión- la gestión y mantenimiento de los corredores actualmente administrados por la empresa. La idea para esta firma es entregar una concesión por tramos a privados.
En junio se lanzó la licitación pública nacional e internacional para concretar el pase a privados de 700 kilómetros de la llamada ruta del Mercosur, que incluye, entre otras, las rutas nacionales 12, 14 y 174, que vincula Rosario con Victoria. Conectan con Uruguay y Brasil, en trayectos claves para el comercio con países del Mercosur.
Originalmente, el 5 de agosto se iban a abrir los sobres para conocer las ofertas de quienes quisieran operar en ese tramo. Pero finalmente este miércoles se definió prorrogar esa fecha para la apertura de ofertas al 8 de septiembre próximo. Según pudo reconstruir TN, esa postergación se hizo a pedido de los oferentes.
Enarsa
En abril, el Gobierno también autorizó la privatización total de Enarsa, la empresa que controla la generación y distribución de energía. Al primer trimestre del año, la compañía contaba con 312 trabajadores. Es una de las empresas estatales con mayor déficit financiero: registró números negativos por $34.897,7 millones, según la Oficina de Presupuesto.
Enarsa tiene el 50% de las acciones de Citelec, una sociedad anónima que controla Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país.
En los planes del Ejecutivo figura que esa porción del paquete accionario se venda este año, a través de un concurso público de alcance nacional e internacional.
Aysa
En los últimos días se oficializaron varias novedades sobre la privatización de Aysa, que se encarga de proveer el servicio público de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí trabajaban -hasta el primer trimestre del año- 6267 personas.
Este martes se publicó el decreto que describe el marco regulatorio para pasar a los privados el control de la empresa y el miércoles se autorizó la privatización propiamente dicha.
La privatización de Aysa se realizará bajo un esquema mixto. Primero se llamará a una licitación para entregar a un operador el 51% del paquete accionario, luego se ofrecerá un 39% de las acciones en la Bolsa, mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Sin embargo, el anuncio para iniciar la concesión se espera para el último tramo del año, y la adjudicación, recién en 2026.
Las centrales hidroeléctricas del Comahue
Entre el listado de próximas privatizaciones también figuran las centrales hidroeléctricas del Comahue. Se trata de cuatro represas -Alicuará, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas sobre el Río Limay en Neuquén y Río Negro- que generan gran parte de la energía eléctrica del país.
Los contratos de esas centrales finalizaron en 2023 y fueron prorrogadas desde entonces. Esa concesiones quedarán prorrogadas hasta finales de este año, según los planes oficiales. Luego se lanzará una licitación para entregar una nueva concesión, probablemente por 30 años. (Fuente: TN-Julia D’Arrisso).
