Conocido que pagó US$9.000 por el vuelo en jet privado a Punta del Este en carnaval y que la empresa del periodista Marcelo Gradio facturó el tramo de ida, la justicia avanza en la investigación que tiene acorralado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La pregunta que concentra hoy la atención de los investigadores es el viaje de la vuelta a San Fernando: ese tramo forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona, cuyo nombre por ahora se mantiene en reserva, y que no sería una figura pública. Descifrar quién contrató ese paquete, valuado en US$42.000, y por qué el regreso de Adorni y su familia quedó incluido allí es hoy el núcleo duro de la causa que tramita el fiscal federal Gerardo Pollicita.
La Justicia ordenó en las últimas horas las primeras medidas de prueba y se esperan más próximamente. El juez federal Ariel Lijo solicitó que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de esa operación —que no estaría a nombre de Adorni— y que los organismos públicos que controlan estos viajes entreguen toda la documentación vinculada. También se solicitaron los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto. La Policía Federal se presentó en San Fernando en busca de los documentos y registros, luego de que Lijo tomara “medidas de carácter urgente” para resguardar los elementos probatorios.
El viaje y las contradicciones
El jefe de Gabinete viajó a Punta del Este el 12 de febrero en un Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri, desde el aeropuerto de San Fernando, junto a su pareja Bettina Angeletti, dos integrantes de su familia y el periodista Marcelo Grandio, conductor del programa Giros en la TV Pública. Al regreso, el 17 de febrero –el último día del feriado de carnaval– volvió solo con su familia, sin Grandio.
El viaje completo entre ida y vuelta costó algo más de US$9.000. El tramo de ida fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, de Grandio, por $6,9 millones de pesos (US$4.830). El regreso formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, a razón de US$4.200 por tramo, contratado bajo otra modalidad y a nombre de un tercero. En documentos, el plan de vuelo de ese viaje quedó inscripto por la operadora Munser.
Esa cifra desmiente la versión oficial construida en las últimas semanas: tanto Adorni como Grandio habían sostenido que el vuelo completo salió alrededor de US$4.600, con US$3.600 a cargo de los Adorni y US$800 a cargo del periodista. El monto declarado resultó menos de la mitad del valor de mercado. La propia fiscalía advirtió que Grandio primero dijo haber sido “invitado” por Adorni –y que el Estado pagó su parte– para luego retractarse y sostener que abonaron a medias.
En la llegada a San Fernando, Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el hangar de la empresa Aviaser para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto. Ese pedido de sigilo fue uno de los elementos que llamó la atención desde el inicio. La causa por supuestas dádivas fue iniciada por los diputados de la oposición Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Esteban Paulón (Socialismo).
Las incógnitas que siguen abiertas
La investigación judicial todavía tiene varias preguntas sin respuesta. La más urgente: quién compró el paquete de 10 viajes del que formó parte el regreso de Adorni. Los recibos los entregó Alpha Centauri a pedido del juez Lijo, pero la identidad del comprador permanece en reserva.
A eso se suman otros interrogantes que Pollicita busca resolver: la fiscalía pidió reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en Alpha Centauri para abonar los viajes, que la ANAC aporte los planes de vuelo de ambos tramos, que la Aduana informe si se efectuó algún control sobre los pasajeros, y que se obtenga una desgrabación de todos los reportajes en los que Adorni y Grandio explicaron quién y cómo se abonaron los costos del viaje.
Otro punto bajo la lupa es si Adorni y su familia cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana, algo que las cámaras del aeropuerto deberían poder acreditar o refutar.
La esposa, la consultora y el triángulo con el Estado
En paralelo al escándalo del vuelo, una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano puso el foco en Bettina Angeletti, pareja del jefe de Gabinete, por los vínculos de su consultora de coaching, llamada +BE, con empresas que operan con el Estado.
El escrito judicial plantea la posible existencia de un “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal YPF, la empresa naviera National Shipping SA y la consultora de Angeletti. La naviera —controlada por la familia Virasoro y dedicada al transporte marítimo de hidrocarburos— mantiene contratos con YPF desde hace décadas. Según la denuncia, +BE habría brindado capacitaciones a directivos de esa empresa en tres oportunidades entre octubre de 2024 y octubre de 2025, por un total de 6.370.000 pesos.
Desde la naviera respondieron que su relación con YPF lleva 28 años y que Adorni fue designado director de la empresa en enero de 2026, es decir, con posterioridad a las capacitaciones. Pero la denuncia incorpora otros capítulos: menciona la licitación por la concesión del predio de Tecnópolis –valuada en 183.000 millones de pesos por 25 años– entre cuyas empresas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que también habría sido cliente de +BE. Y señala al Grupo Datco, empresa que presta servicios a AySA, el Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, como otro presunto cliente de la consultora.
La casa no declarada
Pagano amplió luego su denuncia por enriquecimiento ilícito con un elemento adicional: la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no figuraría en la declaración jurada patrimonial de Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Las expensas del lote 380 habrían comenzado a figurar a nombre de Bettina Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial no informado a las autoridades.
La última declaración jurada del funcionario consigna únicamente dos propiedades: el 50% de un departamento en Parque Chacabuco y un departamento en La Plata recibido por donación familiar. También registra ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares. Ese perfil patrimonial luce incompatible con el nivel de gastos que le atribuye la denuncia.
La única voz oficialista que se refirió a la casa fue la diputada Lilia Lemoine, que en lugar de desmentirla pareció confirmarla al minimizarla: dijo que se trata de “una casa reformada en un country de clase media, no una mansión en la isla”. Adorni no respondió. Milei salió a ratificarlo y atacó a la prensa, sin referirse al fondo de las acusaciones.
Tres causas y un escándalo previo
Son ya tres los expedientes abiertos en Comodoro Py contra el jefe de Gabinete: la causa por el vuelo, iniciada por los diputados Paulón, Juliano y Ferraro; la causa por enriquecimiento ilícito promovida por Pagano; y la investigación sobre la consultora de Angeletti.
Todo esto se desencadenó a partir de un episodio previo que ya había generado turbulencias: Adorni admitió que su esposa viajó en el avión presidencial a Nueva York para participar de la Argentina Week, cuando él mismo había anunciado como vocero el fin de los viajes de familiares de funcionarios. Fue el primero de una seguidilla de contradicciones que hoy tienen al jefe de Gabinete en el centro de la tormenta judicial.
El Diario Ar
