El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión judicial que suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, luego de un fallo que hizo lugar a un planteo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que ratificó su intención de sostener la reforma impulsada por la actual administración. La decisión judicial fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que resolvió suspender de manera cautelar parte de la normativa aprobada por el Congreso.
Desde el Ejecutivo consideraron el fallo como un revés, ya que la ley había sido presentada como una herramienta clave para promover el empleo formal, mejorar la competitividad y brindar mayor seguridad jurídica en el mercado laboral.
La postura del Gobierno
A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano aseguró que defenderá la norma “sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental”, y adelantó que agotará todas las instancias judiciales para garantizar su aplicación.
Asimismo, el Gobierno cuestionó los planteos sindicales y sostuvo que la suspensión afecta el interés público, al tiempo que insistió en la legitimidad de la actividad legislativa.
En esa línea, desde la administración nacional reafirmaron su compromiso con la reforma y señalaron que continuarán defendiendo lo que consideran una política central para modernizar el mercado laboral argentino.
El fallo judicial y los argumentos sindicales
La suspensión de los artículos fue solicitada por la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de diversos aspectos de la reforma. Según la central obrera, los cambios afectan derechos fundamentales vinculados a la protección laboral, la libertad sindical y la no discriminación.
El tribunal entendió que la demanda cumplía con los requisitos para tramitar como acción colectiva y dispuso la medida cautelar con el objetivo de mantener el “status quo” hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
En ese sentido, la resolución aclaró que la suspensión es provisoria y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la ley, sino que busca evitar posibles daños a derechos individuales y colectivos.
Alcance de la suspensión
Entre los artículos alcanzados por la medida se encuentran modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en la regulación de plataformas digitales, ajustes en la responsabilidad de los empleadores y alteraciones en normas sobre jornada laboral, vacaciones y representación sindical.
También se incluyen disposiciones vinculadas al teletrabajo y la creación de nuevos mecanismos de asistencia laboral, lo que generó cuestionamientos por parte de los sindicatos.
Mientras tanto, hasta que exista una resolución definitiva, continuarán vigentes las normas anteriores, lo que garantiza la continuidad de los derechos laborales en su marco previo.
Por su parte, desde la CGT valoraron el fallo como un avance en la defensa de los trabajadores y destacaron que la Justicia haya considerado los planteos presentados.
