El gobierno de Javier Milei impulsa un nuevo paquete de desregulaciones en una amplia gama de sectores de la economía que abarca desde la venta de medicamentos, la venta on line, la comercialización de libros y de garrafas, contenida en un proyecto de ley que enviará al Congreso en breve.
El de los medicamentos es uno de los capítulos más controversiales del proyecto, que está siendo trabajado por el ministro de Desregulación de Estado, Federico Sutrzenegger. En este punto, se insiste con flexibilizar el régimen de comercialización para permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas. También amplía la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio.
Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica. Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23, pero quedaron parcialmente suspendidos por medidas cautelares impulsadas por entidades farmacéuticas. Ahora el oficialismo busca darles respaldo legal mediante una ley.
El anteproyecto también deroga el régimen de precio uniforme para los libros. De aprobarse, cada librería podrá fijar libremente el valor de venta de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente. En el Ministerio de Desregulación sostienen que la medida favorecerá la competencia entre comercios y reducirá los precios para los consumidores.
En la misma línea, la iniciativa modifica el régimen del gas licuado de petróleo (GLP). El Estado dejaría de intervenir sobre los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción o comercialización de las garrafas. Su participación quedaría limitada a los controles vinculados con la seguridad técnica.
Cambios en el sistema financiero
El proyecto incorpora además una actualización de los regímenes de prendas y warrants, con el objetivo de digitalizar las garantías utilizadas para acceder al crédito.
Entre las principales novedades, habilita expresamente la utilización de activos virtuales -como criptomonedas- como garantía de obligaciones, incorpora contratos inteligentes y firmas digitales y crea un registro federal unificado para consultar todas las garantías constituidas en el país. También digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo.
En el Gobierno consideran que estas modificaciones facilitarán el acceso al financiamiento y reducirán los costos administrativos de las operaciones.
Campos, barcos e inmobiliarias
El paquete también alcanza al sector agropecuario. El anteproyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, que establece plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De prosperar la iniciativa, propietarios y productores podrán acordar libremente la duración de los contratos, el precio y la modalidad de pago. Los contratos vigentes mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento.
Otro de los capítulos centrales es la navegación y el cabotaje. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que habilitaba una mayor apertura del transporte fluvial a embarcaciones extranjeras.
La propuesta permite que buques extranjeros realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia en el país. En la Casa Rosada sostienen que la medida reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad de las exportaciones.
En paralelo, el proyecto incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y de la matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, con el argumento de que los actuales requisitos constituyen barreras de entrada que restringen la competencia y encarecen las operaciones. Esto permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
Vino, traductores y cooperativas
El anteproyecto también redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo dejaría de controlar las distintas etapas del proceso de elaboración para concentrarse exclusivamente en verificar que el producto final sea genuino y apto para el consumo.
Además, dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyos recursos y funciones pasarían al INV. La Coviar se encarga, entre otras cosas, de gestionar un plan vitivinícola, promover el enoturismo, mejorar la producción sostenible y posicionar los vinos argentinos en el mundo.
Otra modificación elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores públicos matriculados en los trámites ante la administración nacional. Esa exigencia quedaría reservada para los casos que determine la reglamentación.
Por último, el proyecto incorpora cambios tributarios para las cooperativas. Elimina la exención plena del impuesto a las ganancias y establece que si una cooperativa tiene excedentes por más de $500 millones anuales, deberá pagar Ganancias.
Fuente: Agencia DIB.
