El ambiente vuelve a instalarse como uno de los ejes de disputa en la agenda legislativa nacional. En el marco de las sesiones extraordinarias que se desarrollarán durante este mes, el Congreso de la Nación debatirá, además de la reforma laboral, una iniciativa que ya genera fuertes controversias políticas, científicas y ambientales: la modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639).
El proyecto promovido por el Gobierno Nacional busca otorgar mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus territorios, en un contexto donde la explotación minera e hidrocarburífera aparece como telón de fondo.
Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían implicar un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua.
“Una de las primeras cosas para destacar es que esta Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es un verdadero ejemplo en el mundo, por el nivel de protección que tiene de estos cuerpos de hielo a nivel nacional”, señaló la doctora Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Biológicas.
La especialista recordó que la norma lleva 15 años vigente, tras un amplio proceso de debate social, y destacó que cualquier modificación debe respetar el principio de no regresión ambiental.
“Cualquier modificación que se haga a la ley, posible como en cualquier otra norma, no puede retroceder respecto a la protección. No debiera desprotegerse lo que ya está protegido”, remarcó la investigadora, con sede en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (IIIA–UNSAM).
Uno de los puntos centrales de la discusión es el rol del Inventario Nacional de Glaciares, herramienta clave prevista por la ley para registrar los cuerpos de hielo protegidos.
Según explicó González Trilla, el registro incluye glaciares “blancos” —masas de hielo puro y nieve—, manchones de nieve y glaciares de escombro, característicos del ambiente periglacial. Este último tipo cumple un papel fundamental en regiones áridas y semiáridas, al aportar agua a los ecosistemas.
La elaboración del inventario está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza.
Actualmente, Argentina cuenta con cerca de 16.000 cuerpos de hielo inventariados en 12 provincias.
“A partir de lo que especifica la ley, todo lo que esté inventariado por el IANIGLA es objeto de protección, incluyendo los glaciares de escombros”, subrayó la investigadora.
El proyecto oficial propone que equipos técnicos provinciales puedan determinar que determinados glaciares o ambientes periglaciales queden fuera del inventario si consideran que no cumplen la función de reserva estratégica de agua.
En esos casos, el IANIGLA debería eliminarlos del registro, una propuesta que despierta fuertes cuestionamientos desde el ámbito científico.
Un delicado equilibrio
El debate también reabre la discusión sobre el federalismo ambiental. La Constitución Nacional establece en su artículo 124 que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Sin embargo, el artículo 41 fija que la Nación debe establecer presupuestos mínimos de protección ambiental, es decir, un piso común que no puede reducirse.
“La ley de Glaciares es una ley de presupuestos mínimos, que establece una base de protección. A dicha base luego las provincias la aplican en sus territorios a través de diferentes instrumentos de gestión”, explicó González Trilla, quien destacó que las jurisdicciones provinciales ya participan desde hace 15 años en la implementación de la normativa.
El proyecto obtuvo el 18 de diciembre pasado dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.
Tras un período de análisis durante el receso, el tratamiento en el recinto fue programado para el miércoles 11, en el marco de las sesiones extraordinarias, y podría incluso adelantarse respecto del debate por la reforma laboral.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa no implica una flexibilización ambiental ni una derogación de la ley vigente, sino una “corrección técnica y competencial” destinada a ordenar su aplicación y brindar mayor seguridad jurídica.
El texto recoge reclamos históricos de provincias cordilleranas y cuenta con el respaldo político de los gobernadores que integran la Mesa del Litio —Salta, Catamarca y Jujuy— y la Mesa del Cobre —San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza—.
En línea con esa postura, desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señalaron que el sector busca fortalecer el cumplimiento efectivo de la normativa y generar previsibilidad para inversiones de largo plazo sin comprometer la protección ambiental.
En tanto, desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) expresaron su apoyo a una mayor participación provincial, al considerar que permite gestionar los recursos propios con mayor conocimiento territorial.
La advertencia del ambientalismo
En contraposición, un amplio frente de organizaciones ambientales —entre ellas Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial y Jóvenes por el Clima— alertó que la iniciativa representa un “retroceso significativo” en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Las ONG sostienen que la reforma llega en un contexto de crisis climática e hídrica y advierten que podría poner en riesgo la seguridad del agua para más de siete millones de personas.
Recuerdan que los glaciares argentinos alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados y cumplen un rol clave en la regulación de los caudales de los ríos, especialmente en períodos de sequía.
Además, cuestionan la constitucionalidad del proyecto, al considerar que podría vulnerar el artículo 41 de la Constitución Nacional, el principio precautorio y el de no regresión ambiental.
También advierten que delegar en las provincias la definición sobre qué glaciares deben protegerse podría generar criterios desiguales en sistemas hídricos que no reconocen fronteras políticas.
Desde el sector ambientalista remarcan que el ambiente periglacial no es un territorio vacío, sino un espacio con biodiversidad y procesos ecológicos esenciales, y alertan que su degradación podría implicar la pérdida irreversible de reservas de agua.
Mientras el Congreso se prepara para discutir la iniciativa, la Ley de Glaciares vuelve a colocarse en el centro de una tensión histórica entre desarrollo productivo, federalismo y protección ambiental, en un escenario donde el acceso al agua adquiere cada vez mayor relevancia estratégica.
(La Nueva)
