Un tibio respaldo cosechó entre legisladores, jefes comunales y ediles de la región el proyecto que presentó el senador provincial Andrés De Leo (Juntos) para que sean los propios concejos deliberantes los que regulen los salarios de los intendentes y que éstos no estén atados a los salarios de los trabajadores de cada comuna.
Si bien el legislador –referente provincial de la Coalición Cívica-ARI- señaló que el jefe comunal bahiense Héctor Gay y la senadora Nidia Moirano le manifestaron que están de acuerdo con la iniciativa, en el resto de la dirigencia política de la Sexta Sección tuvo muy poco eco.
Ante la consulta de La Nueva., la mayoría de los legisladores e intendentes eligió el silencio. “Tendría que leer el proyecto en profundidad. Opinar sin conocerlo sería imprudente”, fue, palabras más o menos, la respuesta más repetida incluso entre dirigentes que comparten el mismo espacio político que De Leo.
Varios, sin embargo, criticaron la idea entre sus íntimos y dejaron ver que no hay forma de que la apoyen tal como fue planteada en distintos medios de prensa. “Esto tiene sentido político. Hablar de cosas así, cuando hay tantas necesidades en la gente y mil problemas para resolver, no tiene ni ton ni son”, se escuchó decir a un jefe comunal de la zona tras leer sobre el proyecto en lanueva.com durante esta semana.
Entre quienes sí opinaron hubo mayormente críticas y muchos interrogantes; tantos, que algunos pusieron en duda que la iniciativa pueda avanzar en las cámaras legislativas.
- El proyecto del senador Andrés De Leo estipula modificar el artículo 125º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).
- Ese artículo establece que el sueldo de los intendentes “en ningún caso podrá ser inferior a 10 sueldos mínimos” municipales (el básico de la categoría inferior del ingresante, en el escalafón administrativo de cada comuna, sin bonificación o adicional alguno).
- También detalla que en los distritos con 12 o 14 concejales, los intendentes percibirán 12 sueldos mínimos; en los que tengan 16 o 18 ediles, 14 salarios; y, en los que tengan 20 o 24, 16 sueldos.
- La iniciativa De Leo, en cambio, determina que los propios concejos deliberantes definan los sueldos del intendente -y con ello, el de la planta política- de acuerdo con la propia realidad de cada comuna.
“No leí a fondo el proyecto, pero lo que trascendió me genera varias preguntas”, reconoció el intendente de Patagones, José Luis Zara (Juntos).
“Si la idea es que los sueldos de funcionarios, concejales e intendentes no estén atados a los salarios municipales, ¿cómo se regularían? ¿Qué parámetro tomarían los ediles para decidir un monto u otro? ¿Sobre qué base o en referencia a qué valor se definirían los salarios políticos?”, se preguntó.
Ese aspecto del proyecto de De Leo, precisamente, fue el más cuestionado por los intendentes y legisladores que accedieron a brindar su parecer. Uno de ellos fue el jefe comunal suarense Ricardo Moccero (Frente de Todos).
“Si la Ley Orgánica fija los sueldos de intendentes y de los ediles es precisamente para evitar que cada cual haga lo que quiera. Con este proyecto (el de De Leo), si un intendente tiene mayoría en el concejo, podría poner los sueldos que quiera; y, por el contrario, si la oposición tuviera la mayoría, podría bajar al mínimo la escala de salarios. ¿Y qué profesional va a dejar su trabajo para ser funcionario si los sueldos son bajos?”, se preguntó.
Moccero incluso puso en duda la viabilidad de la iniciativa.
“La verdad, ni siquiera sé si sería constitucional. No conocía el proyecto, pero no le veo mucho fundamento. Ojalá se preocuparan de cosas más importantes”, disparó.
El intendente de Puan, Facundo Castelli (Juntos), también se mostró en desacuerdo.
“Si la Ley Orgánica de las Municipalidades está desactualizada, en todo caso habrá que actualizarla, pero no creo que los sueldos de los intendentes y funcionarios los deban definir los concejos deliberantes”, opinó.
“Una medida así podría generar consecuencias muy graves en ambos casos; es decir, tanto si el CD tiene mayoría oficialista como si está controlado por la oposición”, añadió, en línea con lo expresado por Moccero.
Castelli dijo que un concejo oficialista “podría generar sueldos incluso superiores a los actuales”.
Actualmente el CD de su distrito cuenta con una abrumadora mayoría del oficialismo: hay 8 ediles de Juntos y apenas 4 del Frente de Todos. Con el 66% de las bancas y la presidencia del cuerpo, Castelli no necesita consensuar nada con la oposición para lograr la aprobación de cualquier proyecto que impulse, aún si se tratara de su propio aumento salarial.
“Pero también podría ser al revés: que un concejo con mayoría opositora fije sueldos bajos y un intendente no pueda conseguir funcionarios que por esos montos accedan a trabajar para la comuna. Algo así podría trabar una gestión entera”, alertó.
Castelli dijo que una solución sería modificar el artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades que determina cuántos sueldos mínimos debe percibir un jefe comunal.
Lo mismo señaló el diputado provincial por la Sexta Sección Guillermo Castello (Avanza Libertad).
“La cuestión se podría arreglar de forma más simple: modificando el aspecto de la Ley (Orgánica de las Municipalidades) que indica cuántos sueldos mínimos debe ganar cada intendente”, dijo.
El legislador, si bien reconoció que algunos jefes comunales bonaerenses perciben “salarios extravagantes”, aclaró que no ve que la iniciativa de De Leo vaya a aportar soluciones en tal sentido.
“Si los concejos tienen la potestad absoluta de fijar los salarios de los intendentes, se corre el riesgo de que los incrementen más todavía para pagar favores políticos o para aumentarse su propio salario. Y también podría ser que los fijen muy bajos, con lo cual generarían una situación delicada o lindante en la extorsión”, opinó.
Castello dijo además que “sería grave” que un intendente pueda, a través de concejales afines, “fijar su propio salario”.
Una visión similar brindó el jefe comunal de Coronel Rosales, Mariano Uset.
“Coincido en que los sueldos de algunos intendentes son altos, pero en todo caso se podría resolver esto modificando el piso y el techo que establecen la ley (entre 10 y 16 sueldos mínimos municipales)”, dijo.
Desde que asumió Uset suele recibir sanciones del Tribunal de Cuentas porque, por orden suya, percibe un sueldo menor al que le corresponde por ley.
“Año a año argumento por qué dispongo una liquidación menor para mí, pero igual me amonestan u objetan. Lo entiendo; el TC está para hacer cumplir la ley. Y de la misma forma entiendo el espíritu del proyecto (de De Leo), pero no puedo dejar de ver que podría generar algunas situaciones complejas”, reconoció.
“Con esto quiero decir que los salarios de un municipio no pueden correr el riesgo de quedar atrapados en una disputa político-partidaria entre oficialismo y oposición”, aclaró.
Otra ley
Uset subrayó, por otro lado, que es necesario que el debate sobre la Ley Orgánica de Municipalidades no quede sólo en el artículo 125º que regula los salarios políticos, sino que se amplíe y profundice.
“Esa norma debe ser rediscutida en su totalidad, porque fue sancionada en 1958. Hoy los intendentes tienen otras responsabilidades, son los que más conocen dónde están las necesidades y dificultades de sus vecinos y demandan un nivel de autonomía que hoy no tienen”, remarcó.
Su par de Adolfo Alsina, Javier Andres (Juntos), opinó en línea con el criterio de Uset.
“No leí el proyecto (de De Leo), pero me parece interesante la idea de discutir todo lo que hace a la autonomía municipal, ya que hoy los municipios se hacen cargo de cada vez más prestaciones y servicios”, resaltó.
Actualmente hay tres iniciativas legislativas que promueven la autonomía municipal: una de Senadores de la UCR, entre ellos el exintendente de Adolfo Alsina, David Hirtz; otra del diputado bahiense Fernando Compagnoni (Juntos); y una tercera de la diputada villarinense María Fernanda Bevilacqua (Frente de Todos). (Por Juan Ignacio Schwerdt/La Nueva)
