El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a prisión perpetua al ex policía bonaerense Luis Abelardo Patti por el asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y el intento de homicidio de su secretario, Juan José Fernández, durante la última dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante.
Patti fue condenado en 2011 por el secuestro y los tormentos que sufrieron ambas víctimas pero había sido sobreseído por el delito de homicidio durante la instrucción de esa causa. Tras un largo proceso judicial, se revirtió esa decisión en la Corte Suprema de Justicia.
Más de 10 años después de ese primer debate, Patti fue condenado como partícipe necesario del asesinato del ex diputado y del homicidio en grado de tentativa de su asistente. Durante el juicio, quedó probado que el entonces suboficial inspector de la Policía Bonaerense fue el primer eslabón de la maquinaria represiva y que, sabiendo lo que iba a ocurrir con esas personas, aportó los medios necesarios para garantizar el destino final de las víctimas.
El tribunal, integrado por Walter Venditti, Matías Alejandro Mancini y Esteban Rodríguez Eggers, declaró que lo hechos juzgados constituyeron crímenes de lesa humanidad y postergaron el tratamiento de los pedidos de revocar la prisión domiciliaria realizados por las partes acusadoras para el momento en el que la sentencia quede firme.
Muñiz Barreto y Fernández fueron secuestrados por Patti el 16 de febrero de 1977 en Escobar. Fueron llevados a la comisaría local y más tarde al centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo. Tras dos semanas de cautiverio, el 6 de marzo fueron llevados hasta la provincia de Entre Ríos y arrojados dentro de un auto a un río con la intención de fraguar un accidente. Allí murió Muñiz Barreto pero Fernández logró escapar y logró dejar un testimonio que fue imprescindible para reconstruir los hechos que se juzgaron.
Durante la dictadura, Patti actuó en la Comisaría de Escobar y en la Brigada de Tigre de la Policía Bonaerense a cargo de grupos operativos. En democracia, se desempeñó en numerosas dependencias policiales y, tras su retiro de la fuerza, se volcó a la política, con un discurso basado en la “mano dura” y la represión. Fue intendente de Escobar entre 1995 y 2003 y luego fue electo diputado nacional en 2005, pero su asunción fue impugnada por la gran mayoría de la Cámara por las denuncias sobre su accionar durante la dictadura. En 2008, la justicia federal pidió su desafuero y luego quedó detenido por crímenes de lesa humanidad. Desde ese momento fue condenado en tres juicios por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y en todos recibió la pena de prisión perpetua.
Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 15 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas. Podés encontrar estos y otros datos en juiciosdelesahumanidad.ar, una web que reúne la información de todos los debates, con seguimiento de testimonios, sentencias y audiencias en vivo.
Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.
