El bullying o acoso escolar es un comportamiento violento, intimidatorio y continuo que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños, niñas y adolescentes durante la etapa escolar.
Pese a las fuertes campañas y talleres en «el territorio», las cifras en la Argentina son impactantes: se cree que el 70% de los chicos lo sufre en el ámbito educativo. El bullying es, lamentablemente, recurrente.
Lo que no es habitual, como resultado de esta patología social, es que un padre decida iniciar acciones legales contra el Estado por entender que no protegió a su hijo.
Y lo hizo una familia de Bahía Blanca, que reclama más de 145 millones de pesos a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, por los daños sufridos por un niño de 9 años, asistente a la Escuela N° 4 Bartolomé Mitre, ubicada en la segunda cuadra de la calle Lamadrid.
La afectación, según cree tener probada el padre, H.U.D. -se identifica con las iniciales para preservar al menor- no solo alcanzó la cuestión psicológica y emocional sino corporal.
El 6 de junio pasado, cuando estaban formando fila luego de la clase de Educación Física, un compañero empujó al chico y lo «tackleó» para asegurar su caída, hecho que le provocó una fractura expuesta de cúbito y radio, que demandó una intervención quirúrgica el mismo día, la colocación de dos clavos y yeso y una nueva operación 45 días después.
«Me pusieron la traba, fue un accidente, estaba parado y caí, sentí que el hueso me movió el brazo izquierdo, el hueso se me estaba moviendo, me quedó el brazo colgando, chorreando de sangre, me llevaron a la secretaría con mi mamá y llamaron a la ambulancia», relató el pequeño, según consta en la demanda a la que tuvo acceso La Nueva. y que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata.
También le aseguró a su padre que otros chicos sufren bullying.
El padre está convencido de que no fue un hecho aislado. Por eso considera que las autoridades educativas no tomaron las medidas para prevenir ni intervenir en los actos de violencia.
«El establecimiento educativo tiene un deber de seguridad respecto a los menores bajo su cuidado. Este deber implica que la escuela debe garantizar que los niños no sufran daños físicos dentro de sus instalaciones. En este caso, la escuela incumplió este deber al no prevenir ni intervenir eficazmente ante los hechos de violencia que culminaron en un daño físico para el niño», planteó.
Y aportó elementos para dar cuenta que docentes y directivos conocían «las situaciones de bullying y agresiones; sin embargo, no adoptaron medidas de prevención o intervención inmediata».
Entiende que hubo abandono del deber de cuidado.
«Mi hijo había sido objeto de acoso constante por parte de sus compañeros de clase, situación que fue reportada al cuerpo docente sin que se tomaran medidas preventivas o correctivas. Esta omisión generó un ambiente de violencia en el que finalmente ocurrió el accidente», agregó H.U.D.
Dijo que la escuela tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los estudiantes, según lo normado por las leyes de Educación N° 26.206 y de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061) y también el artículo 1.117 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Y además marcó que las autoridades no respetaron los protocolos en situaciones de emergencia como la de la lesión. No notificaron a los padres inmediatamente ni se tomaron las medidas necesarias para el traslado del estudiante al hospital.
Por otro lado, se realizó una colecta interna de dinero sin consentimiento de la familia, hecho que generó una situación de confusión y agravó el estado emocional de la víctima y su núcleo.
Finalmente, la escuela -siempre según el demandante- no tramitó en tiempo y forma los beneficios de la póliza de seguro para cubrir los gastos médicos, lo que obligó a los padres a asumir costos extraordinarios.
De hecho se entregó en el juzgado copias de las cartas que presentó en distintas áreas educativas a fin de formalizar el reclamo por las erogaciones, sin recibir respuestas adecuadas.
El padre insistió en que la escuela no abordó de manera adecuada los actos de bullying, lo cual permitió reiteración de agresiones. Y que había un conocimiento generalizado de los hechos violentos por parte de los maestros, aunque no tomaron las medidas correspondientes.
Remarcó que la primera reunión posterior que tuvieron en el establecimiento, de apenas una hora, no quedó reflejada totalmente en el acta respectiva y que cuando en un nuevo encuentro se sumó la supervisión educativa, «el nivel de agresividad fue espantoso».
«Hablaban encima mío. Nos hicieron bullying a nosotros como padres, que uno se tenga que callar…», expresó.
Y aseguró que la vicedirectora minimizo la situación al decir que la caída de su hijo fue porque los alumnos «estaban corriendo» y que la pandemia les quitó motricidad a los chicos, «por eso cuando juegan se chocan y golpean».
Sí se supo que después de aquel acto traumático, la escuela avanzó con talleres y charlas que al día de hoy se mantienen.
Rubros del reclamo
El padre pidió respuesta económica del Estado provincial por el daño físico (el chico sufrió incapacidad física parcial y permanente del 25%) en 75 millones de pesos; los gastos médicos en un total de 500 mil pesos y el daño moral en 20 millones de pesos, por el impacto emocional de la familia y en particular del niño, víctima no solo de agresiones físicas sino de acoso, ambientes hostil y falta de protección.
Otro rubro presentado es el daño psicológico (50 millones de pesos), por el temor del alumno a retornar a clases y los síntomas de ansiedad que comenzó a experimentar, así como frustración y pérdida de autonomía.
Un informe concluyó que el niño «vive con temor constante a golpearse nuevamente, lo cual genera hipervigilancia y miedo a ser agredido por sus compañeros. Este miedo afecta su bienestar emocional y su desarrollo psicológico, provocando que el niño esté en un estado de alerta constante frente a situaciones de riesgo, incluso cuando no existen amenazas inmediatas».
También se destacó que no pudo asistir a cumpleaños ni participar nuevamente en actividades recreativas, lo cual afectó su vida social y su vínculo con sus pares.
Finalmente, se reclamó un millón de pesos en concepto de gastos psicológicos y terapéuticos, a partir del tratamiento profesional que debe recibir.
El global de la demanda asciende a 146,5 millones de pesos más los intereses.
Abogado foráneo
Asesoramiento. El padre del alumno bahiense se presentó junto al abogado Claudio Jesús Venchiarutti, quien forma parte de un estudio jurídico ubicado en la ciudad de Ezeiza.
Juzgado. La acción se presentó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata. El demandante pidió la declaración de dos testigos y pericias, como medidas de prueba.
Trámite. Ya fue notificada la Dirección General de Escuelas y se presentó una abogada de la Asesoría de Incapaces (por el niño).
Antecedente. En julio, la Cámara Civil de Mar del Plata ordenó que un colegio privado debía pagar casi 11 millones de pesos a la familia de una alumna que sufrió bullying durante dos años y no hubo previsiones del establecimiento.
(La Nueva)
