Luego del reclamo realizado meses atrás ante las legislaturas nacional y provincial, y el silencio que obtuvieron por respuesta por parte de los legisladores en general, desde la Unión de Usuarios Viales volvieron a reclamar por el estado de las rutas nacionales y provinciales bonaerenses y pampeanas.
A través de un comunicado, nuevamente se demandó “poner en prioridad en agenda la reconstrucción de la red vial terrestre”, así como tomar “cursos de acción ante la problemática vial, que demanda una gestión urgente, constante y efectiva”. El pedido fue nuevamente elevado a diputados y senadores provinciales y de la Nación.
“Nuestras rutas demandan obras que son urgentes para la seguridad en puntos específicos por falencias de diseño (ruta segura), obras de mediano plazo, y obras de largo plazo planificando una red integrada, moderna y segura, lo que demandará una acción estatal continua y permanente durante años, debiendo comenzar sin demora”, se reclamó.
Desde el ente consideraron que las direcciones de Vialidad Nacional y Provincial “se han transformado en organismos vacíos, que no deciden, no ejecutan y no tienen la jerarquía para gestionar la red de caminos, y eso se paga con rutas obsoletas y peligrosas, convirtiéndolas en una cita con la muerte y no en vías de comunicación moderna y segura”. También indicaron que la creación de Corredores Viales SA se superpone a la función de la Dirección de Vialidad Nacional, siendo innecesaria la existencia de aquella, también requerimos el cese de su vigencia.
Por ello, la institución solicitó meses atrás -ante las Cámaras de Diputados de la Nación y de la provincia de Buenos Aires- la creación de una comisión de asesoramiento ad hoc y ad honorem, que estaría integrada por los usuarios “quienes conocemos donde se ubican las zonas y puntos críticos, a los fines de proponer los trabajos de mantenimiento y reformas en las rutas en general y tramos en particular”.
Sin embargo, hasta el momento no obtuvo respuesta alguna a su pedido.
En cuanto al financiamiento de obras, la institución manifestó que el Estado dispone de propuestas para la ejecución de un plan maestro a largo plazo con inversión privada, y que la Unión de Usuarios Viales impulsa: “Curiosamente el impedimento no es presupuestario, sino de decisión política y prioridades, entre las que no se encuentra la infraestructura vial”, se lamentó.
A modo de ejemplo, se indicó que la provincia de Buenos Aires tiene una red vial de 16.000 kilómetros con más del 50 % en mal estado, de las que 5.500 kilómetros son de jurisdicción nacional y 11.500 provincial, con el sector agropecuario como pilar fundamental aportando el 39 % a la economía provincial y, por extensión, el 24 % a la economía nacional, pero sin planificación estratégica. “La producción agroindustrial desempeña un papel preponderante en la economía de la provincia: según estimaciones, los sectores agropecuario, comercio e industrial concentraron aproximadamente el 83,4 % de todos los bienes producidos en la provincia, demostrando la relevancia de las actividades agroindustriales. Pero sin rutas será cada vez menos competitivo”, se advirtió.
El mismo escenario se replica en las demás provincias con ofertas turísticas y con producción regional. A manera de ejemplo, se nombra a la ruta nacional 151 en la provincia de La Pampa, en la que la inexistencia o mal estado de las vías terrestres contribuyen al desfasaje del costo de la logística, perdiendo competitividad.
“Solicitamos a nuestros representantes que, apoyados en datos, se establezcan estrategias que permitan trabajar y realizar propuestas posibles y razonables, y abrir el debate productivo del cual aspiramos a ser parte en calidad de ciudadanos damnificados”, se aclaró.
Prioridades
De acuerdo a la entidad, la República Argentina cuenta con una red de caminos de 620.000 kilómetros, de los cuales 40.000 pertenecen a la jurisdicción nacional, 180.000 a la provincial y 400.000 a la red terciaria o rural.
De ese total, se explica, solo el 11 % está pavimentado y 3.300 kilómetros corresponden a autopistas o autovías, en el que el 85 % del flujo de tránsito utiliza el 25 % de la red vial nacional, lo que indica la prioridad a intervenir.
En ese sentido, desde el ente se confeccionó un informe real de los tramos de rutas de jurisdicción nacional y de las provincias de Buenos Aires y La Pampa que tienen -a su parecer- deficiencias de diseño, carencia de señalización adecuada y desactualizada, ondulaciones por hundimientos, pozos, dificultad de evacuación de agua de lluvia de la calzada por obstrucción por falta de mantenimiento de banquinas, entre otras carencias.
“La seguridad vial es el tema medular cuando referimos a la infraestructura vial terrestre -se explicó desde el ente-. Según datos de la organización Luchemos por la vida, 20 personas por día pierden la vida y anualmente 120.000 resultan con heridas de distinto grado. Detrás de estas cifras hay personas y familias destruidas, y muertes que pudieron evitarse con políticas de estado”.
Entre las que más vidas cobran, se encuentran las rutas nacionales 9, 5, 34, 14 y 3.
“Para comprender el estado actual, debemos remontarnos a varias décadas atrás, en la que la infraestructura no ha sido política de estado en Argentina, y acumula un déficit de 500 mil millones de dólares para compensar el tiempo perdido”, se explicó.
Desde la Unión de Usuarios Viales se aseguró que el sistema de peaje no ha contribuido a la mejora de la red vial, mucho menos a la seguridad, y se explicó que “solo es un negocio más con los que se ha expoliado a los usuarios que, en la práctica, tampoco cumple con la letra de la ley que lo creó”.
“El Estado tiende a quitarse la responsabilidad de la gestión de las vías terrestres, y las otorga en concesión en rutas que el tránsito medio diario anual no soporta el cobro de peaje, y que solo dará un beneficio a los concesionarios, cuando el espíritu de la toma de estas decisiones debe ser en beneficio de la ciudadanía”, se afirmó.
Pedido de informes
Días atrás, el concejal bahiense de Juntos, Pablo Daguerre, había presentado un pedido de informes ante las autoridades del Distrito 19 de Vialidad Nacional, reclamando detalles sobre el estado de algunas obras en nuestra región.
Entre estas solicitudes se encuentran el detalle de trabajos y obras ejecutadas por el gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, y de los proyectos en ejecución, indicando grado de avance de obra y financiero y posibilidades de continuidad de las mismas.
También se pidió un listado detallado de obras proyectadas para el año 2025 en cada una de las rutas nacionales que se encuentran en jurisdicción del Distrito 19, como son la 3, 22, 33, 35, 228, 229, 249 y 252. A esto se suma la fecha aproximada del inicio de las mismas y financiamiento: montos presupuestados. Asimismo, se solicitó un detalle de los trabajos de mantenimiento y señalización realizados durante 2024 y los proyectados para el año en curso.
Por último, pidió conocer los trabajos que se llevarán a cabo en la obra de Paso Urbano El Cholo en el corto plazo e información respecto a la continuidad del proyecto propiamente dicho. Lo mismo ocurre con los trabajos en la ruta nacional 33, en el tramo afectado a la construcción de la autopista Bahía Blanca – Tornquist.
Más allá de estos pedidos, en la última semana, por LU2, Daguerre se mostró pesimista respecto de la posibilidad de continuidad que tienen estos últimos dos proyectos.
(La Nueva)
