A partir de este mes, los comercios de todo el país ya no estarán obligados a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), una organización creada en 2008 en el marco del convenio colectivo del sector. La decisión fue dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 149/2025, que entró en vigencia tras cumplirse los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.
La normativa establece que las convenciones colectivas de trabajo no podrán imponer cargas económicas a empleadores no afiliados a cámaras empresarias, a menos que estas sean aceptadas voluntariamente. Esto pone fin a un aporte obligatorio que, según estimaciones oficiales, representaba más de $70.000 millones al año para el sector mercantil.
Hasta ahora, los empleadores debían abonar mensualmente una suma por cada trabajador registrado, aunque estos no recibieran capacitación alguna. En marzo, ese valor fue actualizado a $4.725,02 por empleado, lo que generaba una recaudación mensual de más de $5.600 millones, considerando el universo de 1,2 millones de trabajadores registrados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida como parte de un plan más amplio de desregulación económica. En sus redes sociales, expresó:
“El Decreto 149/25 transformó en voluntarios, efectivo este mes, los aportes a cámaras empresarias: una suerte de impuestos privados colados en las convenciones colectivas”.
Además de INACAP, la medida alcanza a otras entidades empresarias como Adimra, Capia, Faica, Incatur, Apyce, Cámara de Depósitos Fiscales Privados, Fehgra y Adel, en sectores como comercio, metalurgia, turismo, gastronomía, calzado, entre otros.
“La libertad, y no el uso del poder coercitivo del Estado para sacarle recursos al prójimo, es un principio fundamental del liberalismo que nos propone el Presidente”, concluyó el ministro.
