Los abogados de José Luis Espert solicitaron que la causa en la que el economista libertario está imputado por presunto lavado de dinero sea trasladada a los tribunales federales de Comodoro Py. El planteo, presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, busca que este le reclame la competencia a su par de San Isidro, Lino Mirabelli, bajo el argumento de que ya instruye una causa previa con elementos similares.
El pedido apunta a unificar los expedientes que investigan los vínculos entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de liderar una red de lavado de dinero y contrabando de cocaína.
La defensa del diputado de LLA sostiene que la causa abierta en Comodoro Py en 2021 —que tramita bajo el número 1780/2021 y que ya recolectó testimonios, documentación y registros de vuelos— debe prevalecer sobre la denuncia posterior que recayó en San Isidro.
Martínez de Giorgi investiga desde hace más de dos años los 36 vuelos realizados por Espert en aviones operados por empresas vinculadas a Machado durante la campaña presidencial de 2019.
Según consta en el expediente, al menos cinco de esos traslados fueron compartidos por ambos, mientras que en otros tantos figuraron asesores o allegados del economista. La empresa MED Aviación S.A., operadora de las aeronaves, aparece registrada a nombre de socios del empresario hoy detenido en Río Negro, próximo a ser extraditado a los Estados Unidos.
El piloto Axel Vugdelija, uno de los testigos claves del caso, declaró que era convocado para los vuelos por una secretaria del entorno de Espert, y que Machado era su jefe directo. “Me pasaban el itinerario y el listado de pasajeros”, sostuvo.
En paralelo, Mirabelli quedó a cargo de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien acusó a Espert de recibir al menos 200.000 dólares de una red delictiva asociada a Machado, que está siendo juzgada en Texas. La transferencia, realizada en enero de 2020, generó sospechas al detectarse que el número de matrícula de uno de los aviones utilizados por Espert figuraba como referencia en el campo de observaciones del pago.
Días atrás, el fiscal Fernando Domínguez imputó formalmente al legislador por lavado de activos. Como parte de la investigación, el juez Mirabelli solicitó información a Comodoro Py para analizar si corresponde la unificación de causas, aunque hasta ahora ambas investigaciones avanzan en paralelo.
A su vez, salió a la luz un contrato de locación de servicios firmado entre Espert y Machado en junio de 2019, por un millón de dólares. Allí se establecía un acuerdo de asesoramiento económico y estratégico para una empresa minera de Guatemala, propiedad del empresario acusado. Según ese convenio, el economista recibiría pagos mensuales de 100 mil dólares durante un año.
En su descargo, Espert negó haber recibido aportes irregulares para su campaña y aseguró que el contrato formó parte de un “trabajo de consultoría privada”. También se desligó de cualquier manejo de fondos durante la elección presidencial, y afirmó que su participación como candidato fue “extrapartidaria”.
El escándalo, sin embargo, tuvo impacto político inmediato. Esta semana, el diputado pidió licencia en la Cámara Baja hasta el final de su mandato, que vence en diciembre. La decisión coincidió con el avance de la causa y con los recientes allanamientos en propiedades de Machado, ordenados por la Justicia argentina tras el aval de la Corte Suprema para su extradición a Estados Unidos.
Ahora, resta que Martínez de Giorgi decida si efectivamente requerirá el expediente de San Isidro, lo que abriría un conflicto de competencia que podría terminar dirimiendo la Cámara Federal. Mientras tanto, las investigaciones continúan bajo secreto de sumario. (con información de TN)
