A través de un decreto, el Gobierno nacional avanzó con una modificación estructural del esquema educativo argentino al eliminar la obligatoriedad de determinados contenidos escolares que hasta ahora regían en todo el país. La medida fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, y traslada decisiones clave a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La normativa deroga artículos centrales de dos leyes vigentes, lo que implica que dichas iniciativas dejan de ser exigencias a nivel nacional y pasan a depender exclusivamente de cada jurisdicción.
En primer lugar, el decreto deja sin efecto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles del sistema educativo. A partir de ahora, las escuelas ya no estarán obligadas a dictar esta jornada, quedando su continuidad sujeta a la decisión de cada provincia o de la Ciudad de Buenos Aires.
En segundo término, se derogan los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, que imponían la enseñanza de contenidos específicos de educación vial en los establecimientos educativos. De este modo, la educación vial deja de ser obligatoria a nivel nacional, aunque las jurisdicciones podrán mantenerla si así lo consideran.
Desde el Ejecutivo, la eliminación de la jornada “Educar en Igualdad” fue justificada bajo el argumento de que no corresponde al Gobierno nacional organizar ni imponer este tipo de talleres, y que la responsabilidad debe recaer en las autoridades educativas locales, quienes evaluarán si sostienen o no estos espacios vinculados a la prevención de la violencia de género.
En relación con la educación vial, el decreto señala que el Observatorio de la Educación Vial, previsto en la ley original, nunca llegó a funcionar. Además, el Gobierno sostuvo que existía una superposición de funciones con el Consejo Federal de Seguridad Vial, lo que, según los fundamentos oficiales, justificó la derogación de los artículos que hacían obligatoria esta formación en las escuelas.
La decisión se enmarca en una política más amplia de reorganización del Estado impulsada por la administración de Javier Milei. Según se explicó en el texto del decreto, los cambios apuntan a mejorar la eficiencia de la gestión pública, evitar estructuras sobredimensionadas y reducir el gasto, transfiriendo competencias a las jurisdicciones provinciales.
