Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados reclama al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la información y documentación respaldatoria de una contratación aprobada por la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, vinculada a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 para capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería.
La iniciativa solicita, entre otros puntos, el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, además de fechas clave (convocatoria, apertura, adjudicación) y la emisión de la orden de compra.
También pide conocer si el Ministerio realizó estudios comparativos o relevamientos para sostener el supuesto de “especialidad” y la inexistencia de otros prestadores idóneos, así como la identificación completa del adjudicatario, autoridades vigentes y antecedentes contractuales con Cancillería en los últimos diez años.
En los fundamentos, la diputada Roxana Monzón sostiene que la contratación adjudicó $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (CUIT 30-52550539-8) por nueve meses, con opción de prórroga por un período equivalente.
El texto agrega que, según el acto administrativo, se justificó la decisión bajo el argumento de que la entidad sería el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 y desarrollado durante ocho años.
En ese marco, el proyecto menciona la controversia pública: señala que “distintos medios periodísticos” informaron que la AACI es presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, y afirma que las actuaciones administrativas reconocen la existencia de un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la asociación y el ministro.
La resolución subraya que se trató de un procedimiento de excepción que “restringe la concurrencia y competencia” y reclama conocer los criterios técnicos concretos que sostuvieron la supuesta falta de oferentes alternativos, al tratarse —según plantea— de un servicio educativo con amplia oferta en el mercado.
Finalmente, el texto pone el foco en el contexto fiscal (“no hay plata”) y contrapone el gasto comprometido —imputado a 2026— con el deterioro presupuestario de áreas sensibles, para cerrar con un pedido de transparencia y acceso público a los criterios, montos y fundamentos de la contratación. (NA)
