Un grupo destacado de expertos, investigadores, consultores, trabajadores y comunicadores relacionados con el ámbito del transporte y el sistema ferroviario difundieron hoy una carta abierta, para alertar a los legisladores, a los medios de comunicación y al público en general sobre los peligros asociados con el proyecto de privatización total del sistema ferroviario que está siendo debatido en el Congreso como parte de la Ley Ómnibus.
En la carta, expresan su preocupación sobre la propuesta de la llamada Ley Bases presentada por el gobierno actual, la cual, según afirman, representa una amenaza para la viabilidad a largo plazo de los ferrocarriles argentinos.
«La llamada Ley Bases presentada por el gobierno actual amenaza con la destrucción definitiva de los ferrocarriles argentinos. Es imprescindible para el bienestar colectivo que no se avance en esa dirección«, señalan.
El comunicado resalta principalmente el riesgo que implica la privatización de la infraestructura ferroviaria, tanto porque la falta de inversión pública podría agravar su deterioro, cerrando la lenta senda de recuperación iniciada tras la tragedia de Once, como porque existe la posibilidad de que las vías y estaciones pierdan su función y se conviertan en terrenos comerciales.
«Vemos con especial preocupación la posibilidad de privatización de la infraestructura ferroviaria, ya que esto podría significar la liquidación de los terrenos ferroviarios con criterio inmobiliario, causando un daño irreparable […] Esta subasta del patrimonio común es una descapitalización del Estado y una estafa al pueblo argentino en su conjunto», destaca.
El comunicado también resalta la importancia de preservar los avances logrados en los últimos diez años en los servicios de pasajeros y las inversiones en el sistema de carga, que fueron posibles gracias a la inversión estatal y al respaldo financiero de la República Popular China, un respaldo que ahora también está en tela de juicio.
La propuesta de privatizar las vías, incluso cuestionada por Patricia Bullrich durante la campaña electoral, ignora la realidad de que el sector privado no puede asumir solo las inversiones necesarias para mantener la infraestructura ferroviaria, como lo demuestran tres décadas de concesiones y lo reconocen las propias empresas de carga privadas.
Los expertos consideran que el futuro de la operación es incierto, especialmente porque en Argentina ya se implementa, aunque no en su totalidad, un modelo de acceso abierto o libre competencia, que permite a cualquier inversor privado competir ofreciendo servicios de carga o pasajeros.
Sin embargo, señalan que para garantizar esto, es necesario alcanzar un consenso sobre la gestión de la infraestructura ferroviaria que permita esa competencia eventual, independientemente de si los operadores son públicos, privados o mixtos.
«En todos los países donde existe un modelo de competencia las inversiones en infraestructura y el control de circulación son asegurados por el Estado», resaltan.
Finalmente, la misiva insta a evitar restringir el debate sobre el sistema ferroviario únicamente a su aspecto fiscal o financiero: «El sistema ferroviario sólo puede considerarse en el conjunto de sus externalidades: capacidad de transporte, abaratamiento del flete, reducción del costo laboral y aporte a la movilidad e integración urbanas, entre otros aspectos que escapan al resultado contable«.
En este sentido, enfatiza: «Es válido discutir sobre las tarifas de los servicios de pasajeros urbanos e interurbanos, pero esto no puede ni debe ser el punto central del debate ferroviario».
A diferencia de la Ley de Reforma del Estado de Carlos Menem, que permitía la concesión de los servicios operados por Ferrocarriles Argentinos, el proyecto de Ley Ómnibus actualmente en discusión en la Cámara de Diputados contempla simplemente la privatización completa de las cinco empresas ferroviarias estatales, incluida la administradora de infraestructura ADIF.
En este sentido, las implicaciones podrían ser considerablemente más perjudiciales para el futuro del transporte ferroviario en Argentina que las concesiones realizadas durante el gobierno de Menem, una experiencia que la mayoría de los expertos del sector considera un fracaso. En este contexto, el comunicado concluye: «Es necesario evitar repetir errores cuyas consecuencias todavía paga la sociedad argentina en su conjunto».
(Perfil)
