El Ministerio de Capital Humano acusó recibo del reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre la situación crítica de los salarios y de la declaración de emergencia salarial de parte de algunas universidades nacionales como las de Buenos Aires y Córdoba y esta semana intentó en redes una respuesta. La cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló al enfrentamiento entre trabajadores y argumentó que entre diciembre y julio los docentes universitarios incrementaron sus ingresos un 71%, mientras que la pauta general establecida para los salarios del Estado nacional fue de 58,5%.
Resulta al menos curioso que en el mismo comunicado termina reconociendo lo que los sindicatos de docentes universitarios, de no docentes, así como las autoridades mismas vienen denunciando: la licuación de los salarios resulta ya insostenible.
Asimismo, continúan asegurando en el Poder Ejecutivo que el problema de las universidades nacionales, por el cual se produjeron masivas marchas en abril de este año, ya está solucionado: los gastos de funcionamiento fueron incrementados 270%.
Sin embargo, es un aumento significativo, para una porción insignificante del presupuesto universitario: menos del 10% del total (8% en lo que va de 2024). La gran mayoría de los fondos (más de 80%) se destinan a salarios. Pero la medida le sirvió al Gobierno en términos políticos: desmovilizó a la comunidad en general, y a la universitaria en particular, y logró postergar, con complicidad de sus aliados, el debate en la Cámara de Diputados sobre diversos proyectos tendientes a garantizar el financiamiento de la educación superior.
Así, mes a mes las transferencias a universidades continúan cayendo en términos reales. En el primer semestre, los fondos recibidos por las casas de estudio fueron 37% menores a los del mismo período de 2023. A su vez, se ubican 36% por debajo del promedio de los últimos 8 años.
Quienes pagan el peso de este ajuste son los docentes y no docentes universitarios. Desde diciembre, perciben incrementos unilaterales, sin ningún espacio para la negociación colectiva. Así, el primer aumento de la era Milei fue un 6% para diciembre, frente a una inflación que escaló a 25,5% tras la mega devaluación y la desregulación de diversos sectores de la economía. En enero, los salarios permanecieron inalterados, frente a una inflación de 20,6%. Esa profunda licuación está lejos de recuperarse: a julio, los docentes perdieron 23% de poder adquisitivo en relación a noviembre de 2023. En dicho período, la inflación escaló 134,6%, mientras que los salarios universitarios sólo subieron 80,4%.
En el comunicado publicado, sin embargo, utilizan otra referencia temporal, y comparan con diciembre, en una estrategia que lleva adelante el gobierno en términos discursivos que implica desresponsabilizarse por la enorme pérdida de poder adquisitivo que implicó la devaluación y la consecuente tasa de inflación de 25,5% en diciembre. Así, hacen referencia a un 71% de aumento desde dicho mes. Pero aún si tomáramos ese corte temporal, la inflación también estuvo muy por encima (87%).
A su vez, un importante conjunto de docentes está en peor situación, y paradójicamente son los que se encuentran en la base de la pirámide. Gran parte de quienes tienen cargos de dedicación simple sufrieron recortes salariales mayores. Por ejemplo, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple perdió de noviembre a julio 32,2% de su poder adquisitivo. Es decir, le recortaron prácticamente un tercio de su salario.
¿A qué se debe esta diferencia? A la decisión del Gobierno Nacional de congelar la garantía salarial docente, esto es, el mínimo que debe percibir un docente universitario. Al dejar fijo este monto, los salarios que estaban alcanzados por este piso, recibieron aumentos menores al resto: en el ejemplo señalado, el sueldo sólo creció 59,2% entre noviembre y julio, frente a una inflación de 134,6%.
Al igual que sucede en el caso de los jubilados, con el congelamiento del bono para quienes cobran la mínima, entonces, los más perjudicados son los de más abajo.
(El Diario Ar)
