En representación de cinco casos de muertes o intoxicaciones graves posiblemente vinculadas con el uso de fentanilo contaminado, el abogado Carlos Nayi solicitó ante el Juzgado Federal de La Plata la detención de Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma, y que se evalúe la extensión de esa medida a otros 24 directivos y empleados de la empresa.
La presentación fue realizada este miércoles ante el juez federal Ernesto Kreplak, con base en el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la relación causal entre las ampollas contaminadas del lote 31202 de fentanilo y la descompensación clínica e incluso la muerte de varios pacientes.
“Está suficientemente acreditada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados”, señaló Nayi en su escrito. Y agregó que la libertad de los señalados implica un peligro procesal para la investigación en curso.
Informe forense y causales de muerte
El detonante del pedido es el dictamen forense que examinó 20 autopsias y concluyó que, al menos en 11 casos, existió un nexo causal directo entre la administración del fentanilo contaminado y el desenlace fatal. En otras cinco muertes, si bien los pacientes tenían patologías graves previas, se registró la presencia de la bacteria, aunque fueron inicialmente clasificadas como “nexo fortuito”.
Nayi insiste en que estos últimos casos también deberían ser considerados relevantes desde el punto de vista penal:
“Si el fentanilo no hubiese estado contaminado, las muertes no se habrían producido del modo en que ocurrieron. El cuadro infeccioso fue un factor clave que aceleró el desenlace”, argumentó.
Señalamientos sobre las condiciones de la planta
El abogado sostiene que ya existen elementos suficientes para sospechar de graves irregularidades en la planta de producción del laboratorio. Entre las pruebas que solicita incorporar de manera urgente, figura el testimonio de una exanalista de microbiología que declaró públicamente que en la empresa se falsificaban registros, no se cumplían protocolos de bioseguridad y se alertaba a los responsables con anticipación ante las inspecciones de la ANMAT.
La testigo también denunció un sistema de fraude sistemático, en el que se contrataba personal para “dibujar” planillas de control microbiológico, encubrir desvíos del proceso productivo y garantizar que las inspecciones no detectaran las fallas.
“Se requiere investigar una posible red de complicidades entre la empresa, actores políticos y el ente regulador”, planteó Nayi, señalando que esta situación justifica tanto el riesgo procesal como la necesidad de avanzar sobre otras responsabilidades penales.
La Provincia de Córdoba pidió ser querellante
Por otro lado, la Provincia de Córdoba solicitó esta semana ser tenida como querellante en la causa, a pesar de que el laboratorio investigado no figura como proveedor del sistema público local. El pedido fue anticipado por el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, y se formalizó el lunes ante el juez Kreplak, que aún no resolvió su admisión.
