La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, ordenó a la gestión presidencial de Javier Milei informar la ubicación de las reservas de oro del Banco Central enviadas al exterior en junio de 2024. La resolución judicial revocó un fallo de primera instancia que había avalado la negativa oficial a brindar detalles sobre el destino de los lingotes.
En el fallo, conocido este lunes, el tribunal sostuvo que si bien el Estado debe garantizar la seguridad y protección de las reservas, la reserva total de la información sin una fundamentación adecuada viola los principios de transparencia y buena fe.
Además, los jueces cuestionaron duramente los argumentos esgrimidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al considerar que la negativa a informar constituye “una restricción al derecho de acceso a la información pública”, la cual solo puede ser válida si resulta razonable y debidamente justificada.
“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos, alegando genéricamente la reserva o un hipotético peligro para el sistema bancario o financiero, resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación, transparencia y buena fe”, señala el documento judicial.
En ese sentido, la Sala V remarcó que el Banco Central no demostró de manera concreta que la difusión de la información solicitada pudiera poner en riesgo al sistema financiero ni aportó elementos probatorios que respalden la aplicación de alguna de las excepciones previstas por la ley.
El fallo agrega que los argumentos oficiales fueron “meras afirmaciones genéricas” y que esa actitud impidió al tribunal evaluar si la negativa era legítima o razonable.
Finalmente, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani resolvieron hacer lugar a la acción judicial y ordenaron que el Banco Central proporcione la información pública requerida o, en su defecto, explique de manera detallada y punto por punto por qué cada aspecto de los datos solicitados podría afectar al sistema financiero o a los intereses del organismo.
La Cámara subrayó que se trata de un asunto de indudable interés público, ya que involucra la administración de las reservas nacionales, la transparencia de los actos de gobierno y el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gestionan los bienes del Estado.
