La Iglesia Católica plantó bandera este viernes y se posicionó en contra de la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, como propone el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
A través de un comunicado titulado “No encerremos la esperanza”, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) describió como “una salida superficial” al proyecto presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Librona.
El texto admite que es necesario “un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad”.
Además, cargó parte de la responsabilidad por no lograr prevenir ese tipo de conductas en los niños.
“Hay un marco y un recorrido social desde que alguien es concebido hasta que comete un delito. Como sociedad tenemos que sentirnos responsables para ayudar a prevenir la conducta de los niños y jóvenes que transgreden la ley”, dice el comunicado.
Entre sus argumentos, la Iglesia postula que los adolescentes aún se encuentra en etapa de desarrollo cognitivo y psicológico “que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos” aún “está incompleto” entre los 18 y 19 años de edad.
El documento alerta también por la necesidad de “un relevamiento integral de la situación de los menores que delinquen, que debe ser fruto de una estadística real y presente: en el ámbito social, cultural, familiar y económico, para entender mejor las causas de sus acciones y permitir una intervención más efectiva del Estado, por lo que se hace necesario un trabajo de prevención urgente que implica un mayor compromiso”.
“Necesitamos a los jóvenes (…) pero no presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución. Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”, agrega el texto.
La Iglesia menciona una serie de estadísticas y considera que los números no justifican la implementación de la ley.
“Se conoce que los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan el 0.4%, un porcentaje bajo del total de delitos en el país y que el porcentaje de participación en homicidios es del 0.7%. Además, las normativas internacionales y recomendaciones de organismos como Unicef y la ONU, sugieren mantener una edad mínima alta para la imputabilidad, protegiendo los derechos de los menores”, advierte.
“Estamos dispuestos a seguir dando razones de nuestra esperanza y una vida nueva para todos, en un mundo de hermanos, donde todos tengamos las mismas oportunidades y posibilidades para crecer y salir adelante en la vida”, finaliza el texto.
Qué dice el proyecto oficial
Según el texto que presentaron Bullrich y Cúneo Libarona ante el Congreso, los adolescentes de entre 13 y 18 años que delincan podrán ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.
La iniciativa establece penas que van desde los 3 a 6 años para casos donde no haya víctimas fatales, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.
Para casos graves, propone un máximo de 20 años y posteriores medidas alternativas dispuestas por el tribunal.
(La Voz)
