Un caso de abuso sexual ocurrido en la localidad pampeana de Miguel Riglos volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Este lunes, la jueza de Control María Elena Grégoire dio lectura a la sentencia en el marco del legajo 178549/0 y ratificó un juicio abreviado que condenó a un hombre a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el abuso sexual de una niña de 11 años.
El acuerdo había sido alcanzado entre la fiscal Cecilia Molinari y el defensor Claudio Martínez Sabio.
Sin embargo, la audiencia estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos hacia la actuación de la Dirección de Niñez y por el rechazo tanto de ese organismo como de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes a la pena acordada.
Una medida de protección que terminó en abuso
La víctima, oriunda de Santa Rosa, había sido retirada previamente de su entorno familiar por decisión de la Dirección de Niñez.
El organismo resolvió trasladarla a Miguel Riglos para que viviera junto a su padre, un hombre con antecedentes por delitos contra la propiedad y problemas de adicciones.
Según se detalló durante el proceso judicial, el abuso ocurrió mientras el padre de la menor permanecía detenido en la comisaría local por una causa de robo.
En ese contexto, la niña quedó al cuidado de un amigo de su padre, también vinculado al consumo de estupefacientes, quien finalmente fue identificado como el autor del abuso.
De acuerdo a información difundida por medios judiciales y fuentes vinculadas al caso, el equipo técnico de Riglos no habría realizado el seguimiento presencial ni el acompañamiento psicológico que se había dispuesto para la menor durante su permanencia en la localidad.
Fuertes cuestionamientos durante la audiencia
Durante el proceso, representantes de la Dirección de Niñez y de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes se opusieron al juicio abreviado y sostuvieron que una condena en suspenso “no es reparatoria para la víctima”.
Además, cuestionaron a la fiscalía por considerar que actuó “sin perspectiva de niñez”.
Sin embargo, desde el ámbito judicial también surgieron críticas hacia el propio sistema de protección estatal, especialmente por la decisión de entregar la guarda de la niña a un padre con antecedentes y por las fallas en los mecanismos de control y seguimiento.
El eje del debate giró en torno a la responsabilidad previa del Estado en la protección integral de la menor antes de la intervención penal.
El fallo y la situación actual de la víctima
Si bien durante la revisión médica no se constataron lesiones físicas —un elemento que técnicamente dificultaba la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo en un eventual juicio oral—, el testimonio de la niña en Cámara Gesell permitió confirmar el abuso.
Finalmente, la Justicia avanzó con la homologación del acuerdo abreviado y la lectura de la sentencia.
Actualmente, la menor se encuentra alojada en un dispositivo de la Dirección de Niñez en Santa Rosa, mientras continúan los cuestionamientos sobre las fallas institucionales que rodearon el caso y el rol del Estado en la protección de la víctima.
(Con información de Diario de La Pampa)
