¿El sistema de protección de derechos de niñez, alguna vez se pone en duda? Es una pregunta que surge luego de conocer los detalles del caso tras la sentencia por el abuso sexual de una menor de 11 años en Miguel Riglos. El caso no solo expone la vulnerabilidad de la víctima, sino que debería ponernos a pensar como una preadolescente termina en un lugar peor del que sale por decisión de la Dirección de Niñez.
Este lunes, la jueza de Control María Elena Grégoire dio lectura a la sentencia en el marco del legajo 178549/0. El fallo ratifica un juicio abreviado, acordado entre la fiscal Cecilia Molinari y el defensor Claudio Martínez Sabio, de tres años de prisión en suspenso para el imputado, identificado como un allegado al padre de la menor. Sin embargo, la audiencia estuvo marcada por los fuertes cruces entre la fiscalía, la Asesoría de Niñez y la Dirección de Niñez.
Crónica de una desprotección anunciada
La víctima, una niña de 11 años oriunda de Santa Rosa, había sido retirada de su centro de vida y de su familia de origen por una medida de la Dirección de Niñez. El organismo decidió trasladarla a la localidad de Miguel Riglos para que viviera con su padre, un hombre con antecedentes por delitos contra la propiedad y problemas de adicciones. ¿El motivo? Las condiciones de su madre, su pareja y sus abuelos no eran las mejores para el desarrollo de la menor. Es decir, pasó de un contexto de extrema precariedad a otro.
El abuso de la menor se produjo cuando el padre de la niña se encontraba detenido en la comisaría de Miguel Riglos por una causa de robo. Su hija quedó bajo el cuidado de un amigo de su padre, también con antecedentes de consumo de estupefacientes, quien fue finalmente el autor del abuso.
Según pudo saber El Diario, el equipo técnico de Riglos nunca realizó el seguimiento presencial ni el monitoreo psicológico que se le había encomendado a la menor mientras estuvo en dicha localidad.
Cruce de acusaciones
Durante el proceso, la Dirección de Niñez —que envió a seis representantes a la audiencia— y la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes se opusieron al juicio abreviado. Alegaron que la pena en suspenso «no es reparatoria para la víctima» y acusaron a la fiscalía de actuar «sin perspectiva de niñez».
Desde el ámbito judicial, el cuestionamiento apuntó hacia cómo la Dirección de Niñez pudo entregar a una menor a un padre con el perfil mencionado y por qué fallaron todos los mecanismos de control estatales antes de que ocurriera el abuso, subrayando que la responsabilidad administrativa sobre el bienestar de la niña era previa a la instancia penal.
El fallo
A pesar de la falta de lesiones físicas constatadas en la revisión médica —lo que técnicamente complicaba una condena de efectivo cumplimiento en un juicio oral—, la niña relató en Cámara Gesell detalles que confirmaron el abuso.
Finalmente, y ante la falta de argumentos sustanciosos por parte de los organismos de protección sobre el paradero y seguimiento de la menor durante el último año, se procedió a la lectura de la sentencia. La niña se encuentra actualmente en un dispositivo de la Dirección de Niñez en Santa Rosa, mientras el debate sobre las fallas sistémicas del Estado sigue abierto.
