En una frenética y, por momentos, delirante jornada, el oficialismo se acercó hoy a dictaminar la ley Bases en el Senado, algo que ocurrirá en las próximas horas y, de esta manera, la iniciativa quedará lista para ser debatida desde la semana próxima en el recinto de la Cámara alta. Fue clave una reunión esta noche del flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a Victoria Villarruel y la oposición dialoguista, para destrabar el asunto.
Como la negociación fue realizada sobre el cierre de la jornada, las últimas firmas del dictamen aparecerán recién este jueves con la presentación formal del despacho en cuestión. Mismo caso para el paquete fiscal. De hecho, esta situación generó un contrapunto entre la Casa Rosada y el presidente de Diputados —Martín Menem— con Villarruel, con festejos por anticipado de los primeros y una realidad de técnica legislativa desde la Cámara alta que no pudo avalar —hasta las próximas horas— esa victoria.
Minutos antes del plenario de comisiones, el santacruceño José María Carambia, adelantó por nota que presentaría un dictamen propio. Al dejar abierta la fecha para consumar dicho acto, le quitaba la sumatoria de una rúbrica al debate. Una picardía virulenta en contra de los intereses del oficialismo. No obstante, tras la reunión con Francos, firmó el despacho y su intransigencia quedó, por ahora, en el olvido. No así el radical Martín Lousteau, que cumplirá con su palabra de texto individual, que ya despierta el enojo del resto de su bancada.
Para convencer a Carambia, el Gobierno aceptó que, en el paquete fiscal, se introduzca un artículo para modificar la ley de minería que establecerá que las provincias “que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”. En la actualidad, es del 3%.
Antes que ocurriera todo esto, las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta tuvieron que pasar el análisis de los dos proyectos a un nuevo cuarto intermedio, ante el potencial traspié al que se enfrentaba La Libertad Avanza, con legisladores dialoguistas que no veían señales claras y definitorias desde el Gobierno.
Objeciones y defensas
La comisión de Legislación General, que comanda el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), reanudó la discusión en el plenario y el puntano dijo que la misma no fue de “tipo dictatorial”, ya que “se ha dialogado y se han escuchado sugerencias”. Rápido de reflejos, el jefe del kirchnerismo senatorial, José Mayans, le espetó que estaba obligado a aclarar, al final de la reunión, si el oficialismo tenía “o no dictamen”.
“El proceso supone que ustedes nos expliquen las modificaciones. Si no, no entiendo qué vamos a firmar, si la versión original que vino de Diputados o el borrador que circuló entre senadores”, advirtió la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), que fue clave con sus observaciones para que el oficialismo abriera el juego y cambiara los proyectos. De hecho, reiteró algunas críticas al plazo de dos años de ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aunque firmó el dictamen en disidencia.
Sobre este punto, Abdala respondió: “Es un tiempo importante para saber cuáles se anotan y, si prospera, este mismo Cuerpo podrá postergar por otros dos. O lo podemos dejar eterno, porque captamos dinero que no está entrando en la Argentina”. “No es feliz la redacción y no satisface”, opinó la camporista Anabel Fernández Sagasti.
En tanto, sobre el rechazo a la posibilidad de privatización de Aerolíneas Argentinas, el peronista disidente Juan Carlos Romero dejó en claro que un mecanismo “parcial” sería una mejor solución debido a que, de seguir así, “continuará como una Sociedad Anónima y, ante sumatoria de problemas, puede ir a la quiebra y ser mucho peor”. Y agregó: “No la están protegiendo”.
Fue esperado el discurso de Lousteau: el titular del centenario partido sostuvo que las modificaciones de la primera iniciativa fueron de “índole cosmético” y remarcó las “ventajas enormes” que se darán con el RIGI, en detrimento del plano local. En esa línea, detalló: “Habrá distorsión de mercado y el presidente no cree en eso, pero lo estará creando”.
Por su parte, Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria) enfatizó que, con el proyecto en cuestión, “tres de cada 10 argentinos se van a jubilar” y que “no lo hará ninguna mujer”, a quienes las “obligarán a trabajar cinco años más”.
Otro radical crítico fue el fueguino Pablo Blanco, quien reiteró que no acompañará la delegación de facultades delegadas -”desde 2000 a la fecha, nunca votamos esto”, precisó-, así como la privatización de Aerolíneas, Correo Argentino y medios públicos. Sin embargo, también estampó su rúbrica -en disidencia- al dictamen.
Un punto importante para los patagónicos de la oposición dialoguista: en Ganancias, los mínimos no imponibles serán incrementados en un 22%.
(Infobae)
