El oficialismo logró este jueves en el Senado la aprobación con media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares, tras una sesión marcada por cruces ideológicos, acusaciones de “retroceso ambiental” y un clima tenso tanto dentro como fuera del recinto.
La iniciativa fue aprobada por 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados una vez iniciado el período de sesiones ordinarias.
Desde uno de los palcos celebraron el resultado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, quienes siguieron la sesión desde las galerías.
Compromiso con provincias cordilleranas
La reforma formaba parte de un compromiso asumido por el Gobierno nacional con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una normativa “más dinámica” para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos.
El proyecto modifica la ley 26.639, sancionada en 2010, y redefine el alcance de las zonas periglaciares protegidas. La propuesta distingue entre aquellas formaciones que cumplen funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas y aquellas que no acrediten dicha función, habilitando en estas últimas el desarrollo de actividades económicas.
De este modo, se mantiene la prohibición absoluta sobre los glaciares, pero se abre la posibilidad de explotación en determinadas áreas periglaciares que no tengan función hídrica comprobable.
La normativa vigente protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares —ecosistemas de alta montaña con suelos congelados o saturados de agua— que cumplen un rol clave en la regulación hídrica y geomorfológica.
Inventario Nacional y autoridad de aplicación
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
El organismo técnico deberá identificar los glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional y, respecto de estas últimas, determinar cuáles cumplen función hídrica y cuáles no.
Entre las actividades prohibidas continúan incluidas aquellas que alteren de modo relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares: liberación de contaminantes, obras de infraestructura, exploración o explotación minera e hidrocarburífera e industrias. Se mantienen permitidas las investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como andinismo y escalada.
Incidentes en la previa
Horas antes del inicio del debate se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. Una docena de activistas de Greenpeace fueron detenidos tras saltar las rejas del Palacio Legislativo con la intención de manifestarse contra el tratamiento del proyecto.
En ese contexto, también se denunció que un camarógrafo del canal A24 fue reprimido por fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar el uso de gas pimienta contra manifestantes.
Un debate con fuertes posiciones encontradas
Durante la sesión, el senador fueguino Agustín Coto sostuvo que la reforma “responde a la necesidad de armonizar la normativa” y aseguró que “se mantienen todas las actividades prohibidas en los glaciares y el ambiente periglaciar”.
En la misma línea, el sanjuanino Bruno Olivera afirmó que la actual ley presenta “una ambigüedad jurídica” que atenta contra una buena práctica ambiental, y que la nueva norma permitirá “proteger mejor el agua y habilitar el desarrollo de las provincias”.
El rionegrino Enzo Fullone remarcó que la reforma “transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen”, mientras que el cordobés Luis Juez defendió su cambio de postura respecto a 2010 al señalar que la ley “no vulnera ninguna de las garantías consagradas” y que devuelve autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales.
El radical catamarqueño Flavio Fama acompañó la iniciativa al considerar que busca “compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo”.
Críticas por “retroceso” y falta de consenso
Desde la oposición, el pampeano Daniel Pablo Bensusán pidió “discutir de cara a la gente” y advirtió que el debate excede lo técnico. En la misma línea, el chubutense Carlos Linares sostuvo que “sin consenso social no se puede cambiar una ley”.
La santacruceña Alicia Kirchner habló de “retroceso institucional” y reclamó que el proyecto vuelva a comisión. El rionegrino Martín Soria calificó la iniciativa como una “reforma ideológica” y alertó que podría dejar sin protección entre el 25% y el 50% del recurso hídrico cuencas abajo en provincias patagónicas.
También cuestionaron la propuesta la rionegrina Ana Marks, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el entrerriano Adán Bahl y la cordobesa Alejandra Vigo, quien advirtió que el proyecto “carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y el cambio climático”.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad reconoció la tensión entre preservación y progreso económico, pero consideró que el texto “no ofrece una mirada de equilibrio” y anticipó su voto negativo. La chubutense Edith Terenzi sostuvo que la reforma presenta “vicios inconstitucionales” y podría generar mayor incertidumbre jurídica.
El cierre del oficialismo
El último discurso estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien pidió terminar con la “falsa dicotomía” entre protección ambiental y generación de empleo.
“No es agua o trabajo”, enfatizó, y aseguró que la reforma no modifica la “columna vertebral” de la ley ya que los glaciares continúan siendo bienes de interés público y reservas estratégicas de recursos hídricos.
Bullrich sostuvo que una mejor delimitación permitirá atraer inversiones y generar producción local, y defendió un “ambientalismo responsable” basado en tecnología, controles y previsibilidad.
Con la media sanción en el Senado, el debate por el alcance de la protección de los glaciares y el equilibrio entre ambiente y desarrollo productivo continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa.
