Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia de Bahía Blanca durante la dictadura, fue sobreseído por el juez federal Walter López da Silva en la causa en la que se lo investigaba por delitos de lesa humanidad, después de casi diez años desde que fuera indagado.
En 2014, Massot había sido indagado por los secuestros y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos obreros gráficos, y por haber aportado a ocultar la verdad en los casos de 35 personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en Bahía Blanca.
La decisión de llamar a indagatoria a Massot, uno de los hombres más poderoso de Bahía Blanca, la tomó Álvaro Coleffi, un secretario federal que ejercía como juez. Tan pronto como Coleffi fue corrido de la causa, su lugar lo tomó Claudio Pontet –un abogado de la matrícula– que le dictó una falta de mérito exprés a Massot. La decisión de Pontet se conoció en marzo de 2015, cuando ya soplaban vientos de cambio en la justicia federal. En ese mismo mes, la Cámara de Casación revocó los procesamientos de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el empresario emblema de los vínculos promiscuos con la dictadura.
Tanto la Cámara Federal de Bahía Blanca como la Cámara Federal de Casación Penal validaron lo hecho por Pontet. El fiscal Javier de Luca llevó el tema hasta la Corte Suprema, que tardó unos cuatro años en escribir unas líneas y decir que no podía pronunciarse porque no se trataba de una sentencia definitiva.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca –integrada por Miguel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento– siguió aportando información sobre Massot, incluso sobre sus vínculos con el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena Enrique Arancibia Clavel, pero para el juez López da Silva nada de eso sirvió para mostrar el compromiso de Massot con los crímenes de lesa humanidad.
López da Silva descartó que Massot haya integrado una asociación ilícita conjuntamente con los militares y sostuvo que no había nada que acreditara su responsabilidad penal con los asesinatos de Heinrich y Loyola.
La acción psicológica
Para la fiscalía estaba claro que Massot participaba de la acción psicológica de la dictadura desde La Nueva Provincia y que, por ende, no era ajeno a la necesidad de los militares que usurparon el poder de justificar su accionar. Desde La Nueva Provincia –que tenía no solo el diario sino también radio y televisión– se estigmatizaba a quienes se convertirían en víctimas del accionar represivo.
Massot era un “contacto” de Arancibia Clavel, como lo prueban distintos memorándums que fueron aportados por la fiscalía. Un informe enviado por el espía chileno el 29 de octubre de 1974 decía que Massot le había pedido información sobre el armamentismo peruano para una “campaña en los medios”.
El juez López da Silva sostuvo que ser contacto de Arancibia Clavel –condenado por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa– no implicaba ser colaborador del espía de la DINA pinochetista. De hecho, tomó como válida la explicación que dio Massot después de que apareciera la información sobre su vínculo con el agente chileno. Massot sostuvo que durante los años ‘70 escribía en la revista Cabildo y en El Fortín y que la información sobre Perú había sido volcada en esas revistas. El politólogo dijo que su participación en esas publicaciones de extrema derecha eran una militancia y recalcó que las hacían “a pulmón”.
Para el magistrado, Massot pudo haberle dado “apoyo irrestricto a las acciones llevadas a cabo contra la subversión” pero no vio en su medio ninguna frase que alentara la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas. La postura de la fiscalía es diametralmente opuesta, dado que lo considera un incitador del genocidio.
Los asesinatos de los obreros
Entre 1975 y 1976, hubo un duro conflicto gremial en La Nueva Provincia. Heinrich y Loyola eran quienes representaban a los trabajadores en esa disputa con el medio que pertenecía a Diana Julio de Massot. Vicente Massot fue quien quedó a cargo del “trato con el personal”, según surge de un acta firmada el 28 de septiembre de 1975, pese a que él trató de mostrarse ajeno al conflicto, diciendo que residía en la Ciudad de Buenos Aires.
Heinrich y Loyola fueron secuestrados el 4 de julio de 1976 y asesinados. Dos días después, La Nueva Provincia editorializó contra la infiltración marxista en los medios de comunicación. Para el juez, no hay elementos que vinculen a Massot con los homicidios de dos obreros de su empresa. De hecho, López da Silva lo retrató como un protagonista cándido de esos días, distinto del hombre joven que tenía trato con los jerarcas de la dictadura.
“No existe evidencia precisa y seria que permita sostener que el empresario, un civil extraño a la fuerza armadas estatales y con tan sólo 23 años al momento de los hechos, tuviera la posibilidad de influir o determinar de alguna manera a quienes cometieron de propia mano los actos de torturas o desapariciones y menos aún que su designio haya sido participar de ilícitos que por su gravedad afectan a la humanidad en su conjunto”, escribió López da Silva.
Para que no quede impune
El fiscal federal Palazzani confirmó que la Unidad recurrirá la decisión de López da Silva y llevará el tema ante la Cámara Federal de Casación Penal. En este expediente interviene la Sala I del máximo tribunal penal, integrada este año por Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«El Poder Judicial se resiste a entender que ningún crimen de Estado, mucho menos un genocidio, se comete sin una narrativa y un discurso justificante. Es sabido que la acción psicológica era parte esencial e inescindible del gran crimen para justificar, encubrir y/o neutralizar”, se queja Palazzani.
“De hecho, encontramos en todos los reglamentos, directivas y planes de las fuerzas armadas capítulos específicos en relación a la importancia de hacer acción psicológica. Esa acción psicológica se concretaba mediante los medios de comunicación cómplices. El caso de La Nueva Provincia es paradigmático porque no sólo hubo un llamamiento expreso y directo desde sus páginas al exterminio de una parte de la población nacional sino que mostramos en la causa su relación directa, íntima y de confianza con los máximos – y más duros– responsables del exterminio en Bahía Blanca”, afirma Palazzani.
“También quedó claro en la causa las ganancias económicas que tuvo la empresa a partir del disciplinamiento sindical materializado con los asesinatos de los obreros gráficos Heinrich y Loyola. Para nosotros un adecuado abordaje de la prueba producida conduce, sin dudas, a la decisión judicial que envíe esta causa a debate oral”, resalta el fiscal.
“La decisión del juez no extraña pero indigna”, apunta, por su lado, Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca, a este diario. “No extraña por cómo se viene manejando el Partido Judicial en defensa de los poderosos. Después de haber tenido tantos años parada la causa queda claro que la única voluntad era la de apañar a Massot”. (Con información de Página 12)
